Orden EHA/620/2006, de 1 de marzo, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. BOE de 7 de marzo de 2006.

Ley General Tributaria: Doctrina / Jurisprudencia / Consultas

Doctrina Administrativa

Plazo de devengo de intereses en los casos de declaración complementaria. T.E.A.C. R, 11-11-2005
En caso de presentación de una declaración complementaria por el Impuesto sobre Sociedades, el derecho a devolución que, en su caso, resulte, dará derecho al percibo de intereses, pero no desde la declaración inicial, sino a partir de los 12 meses y 30 días desde que se presentó dicha complementaria, y hasta el mandamiento de pago.

Jurisprudencia

Falta de motivación de la liquidación realizada sobre el IRPF. La Administración debe motivar por qué considera la existencia de un pacto empresa-trabajador en un expediente de regulación de empleo. T.S. S, 21-03-2006
Todas las liquidaciones tributarias derivadas de algún tipo de comprobación deben estar suficientemente motivadas e indicar al sujeto pasivo en qué aspectos se está en desacuerdo con lo incluido por él en su autoliquidación. No es suficiente para mantener la existencia de motivación y el conocimiento del sujeto pasivo de las discrepancias de la administración, por el hecho de existir un requerimiento. La Administración debe demostrar, y no lo ha hecho, por qué la existencia de un expediente de regulación de empleo no varía la calificación de pacto entre empresa y trabajador a los efectos de aplicar la exención de las cantidades percibidas.

A los procedimientos inspectores iniciados antes de la Ley 1/1998 no se les aplica el plazo máximo de 12 meses de duración del mismo creado por esta norma, sino el plazo de prescripción. T.S. S, 04-04-2006
El Tribunal Supremo comparte la tesis del Abogado del Estad, según la cual, se propone la siguiente doctrina legal: «A los procedimientos de inspección tributaria iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los contribuyentes, no les es aplicable el plazo máximo de duración de 12 meses establecido en el art.29.1 LDGC, aunque pudiera transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma Ley, sin que hubieran concluido las actuaciones».

Devolución de oficio del recargo exigido cuando la norma por la que se exige es declarada inconstitucional. T.S. S, 28-3-2006
En el supuesto que la Administración, cumpliendo la normativa, exija un recargo y posteriormente se tenga conocimiento de la inconstitucionalidad de la ley mediante la cual se exigió dicho recargo, debe proceder de oficio a iniciar los trámites de su devolución.