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BOLETÍN / 2004 - PRIMER TRIMESTRE / ACTUALIDAD PRENSA | |||
 Asesores fiscales critican la subida de los tributos en inmuebles de las autonomías
Los asesores fiscales denunciaron ayer la existencia de múltiples «peajes» tributarios en la compraventa de inmuebles que, a su juicio, contribuyen de forma indirecta al encarecimiento de la vivienda. En este sentido, y tras criticar la «falta de claridad» de la mayoría de las normativas autonómicas en materia fiscal, consideraron un «contrasentido» que, por un lado, se defienda la necesidad de reducir el precio de las casas y por otro, se incrementen los tipos de los tributos que pesan sobre su adquisición o transmisión. De hecho, sólo tres comunidades -Canarias, País Vasco y Navarra- han mantenido invariables los tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), y del de actos jurídicos documentados (AJD). El resto de las autonomías, por el contrario, han subido el tipo del ITP desde el 6% al 7%, lo que en la práctica supone un incremento del 16%, mientras que el de AJD se ha doblado, al pasar del 0,5% al 1%. Madrid y Cataluña fueron las primeras en aplicar estas dos alzas a finales del 2001. Diario La Rioja
España perderá las ayudas del presupuesto comunitario procedentes del fondo de cohesión a partir de 2007 -fecha de entrada de 10 nuevos países en la Unión Europea-, según se desprende de un informe que la Comisión Europea debatirá este miércoles. El documento revela que en una UE con 25 estados, la renta por habitante en España alcanzará el 92,4% de la media comunitaria, de acuerdo con los últimos datos revisados de 2001, que son los que se utilizarán como referencia. Esa tasa supera el umbral del 90% a partir del cual los actuales países beneficiarios dejan de percibir las ayudas de este fondo europeo. Aunque el desarrollo de los nuevos Estados miembros es claramente inferior, entre los actuales Quince hay algunos países -Grecia y Portugal- en los que el Producto Interior Bruto (PIB) sigue siendo inferior en un 30% a la media comunitaria, según el tercer informe sobre la Política de Cohesión de la UE, que la CE presentará el miércoles. Igualmente, con la ampliación, un importante número de regiones dejarán de recibir las ayudas correspondientes al denominado 'Objetivo 1' de desarrollo prioritario, destinado a aquellas en las que el PIB es menor del 75% de la media comunitaria. Mientras algunas regiones abandonarán ese 'Objetivo 1' por su crecimiento, otras saldrán por el denominado "efecto estadístico", es decir, sólo por la ampliación y no por una mejora sustancial en su desarrollo, caso en el que se podrían situar Murcia, Castilla y León y Asturias. En los 10 nuevos Estados, el 92% de la población vive en regiones cuya media es inferior a ese 75% del PIB, pero en los Quince siguen existiendo problemas, como es el elevado desempleo en zonas del este de Alemania y sur de Italia, el débil crecimiento de la productividad o el hecho de que el 15% de la actual población comunitaria vive en la pobreza. El balance del informe destaca el impulso al crecimiento dado a los países de la Cohesión, aquellos con una renta media por habitante que no supere el 90% de la media comunitaria y que en la actualidad son Grecia, Portugal, Irlanda y España. Crecimiento del 3% anual Estos cuatro países han crecido una media del 3% anual entre 1994 y 2001, frente al 2,5% del resto de la UE, pero aún tienen graves problemas, especialmente por el débil aumento del empleo. La futura política de Cohesión de la UE, en el contexto del próximo marco presupuestario 2007-2013, dedicará la mayor parte de sus fondos, alrededor de un 75%, a las regiones del "Objetivo 1" y al nuevo "Objetivo 1bis", creado para las afectadas por el efecto estadístico. Estas ayudas transitorias serán en un primer momento inferiores al 100% de la cantidad que recibirán al final del actual período (2006), para ir descendiendo gradualmente, nunca por debajo del 50%, a finales de 2013. El nuevo 'Objetivo 2', que englobará a los actuales 2 y 3, recibirá entre el 17 y 20% del total de los fondos y que incluirá las regiones que tienen dificultades estructurales y que necesitan ayuda en educación, formación y empleo. A este grupo pertenecerán las que abandonen el 'Objetivo 1' por su crecimiento y en esta partida estarán incluidos los fondos Feder, dedicados a potenciar la innovación y la economía del conocimiento. El Mundo
Los ciudadanos podrán obtener a partir del 19 de marzo certificados digitales de firma electrónica en las notarías, según se anunció ayer en el acto "La respuesta tecnológica del notariado", que clausuró el ministro de Justicia, José María Michavila. De esta forma, los notarios actuarán como autoridad de registro, según establece la Ley de Firma Electrónica, por la que se da luz verde al Consejo General del Notariado para prestar servicios de certificación a terceros. Durante el acto, al que asistió también el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, se dieron a conocer ante la presencia de numerosos notarios los servicios tecnológicos a los que podrán acceder las 3.000 notarías existentes. Entre los servicios en marcha, figura el que ha permitido gestionar por vía electrónica más de más de 9.000 préstamos personales e hipotecarios mediante el uso de la plataforma telemática del notariado, que además permite la liquidación electrónica de impuestos y plusvalías en 228 ayuntamientos de toda España. De los proyectos futuros destaca la integración del archivos de actos de última voluntad en una red europea de registros, que posibilitará conocer a cualquier ciudadano de la UE conocer los testamentos otorgados en un país miembro. El titular de Justicia destacó, en su intervención, el "magnífico trabajo" realizado desde hace años por el Notariado "al servicio de la seguridad jurídica". Michavila aseguró que "el gran activo de una sociedad moderna es la seguridad. Hoy como nunca -continuó- el trabajo del notariado tiene una relevancia singular en un mundo globalizado, en el que la riqueza se asienta donde hay instituciones que generan confianza y seguridad jurídica". El ministro aprovechó el acto para agradecer la "estrecha, leal y eficaz" colaboración de todos los sectores relacionados con la Justicia durante esta Legislatura y dijo que se han logrado "lugares de encuentro que nos están permitiendo mejorar nuestra Justicia". Agradeció también Michavila el "aliento" que "permanentemente" ha dado este sector a "todos los demócratas que ejercemos responsabilidades para acabar con ETA". Gaceta Fiscal
Las asociaciones de autónomos ATA y Upta pidieron ayer a los partidos políticos un decálogo de mejoras fiscales y de Seguridad Social ante las elecciones MADRID. Las dos principales asociaciones de autónomos ATA y Upta -enfrentadas a Cepyme por la representatividad del sector en las instituciones del país- dirigieron ayer a los partidos políticos un documento en el que exponen las necesidades de este colectivo próximo a los tres millones de trabajadores. Los responsables de ambas organizaciones, Lorenzo Amor (ATA) y Sebastián Reyna (Upta-UGT) reconocieron los avances logrados en esta última legislatura, como el acceso a la baja por enfermedad a partir del cuarto día que, según sus cálculos, ya ha aportado 47 millones de euros a la Seguridad Social, tras descontar los 11 millones que han percibido por esta contingencia. Sin embargo, piden a todos los partidos que sigan avanzando para mejorar las condiciones de este colectivo, que representan el 20% de la población activa y el 90% de los empresarios, además de aportar el 18% del Producto Interior Bruto. Una de sus peticiones se centra en que se incorporen a la Seguridad Social los familiares de los autónomos que trabajan en el mismo negocio familiar, iniciativa por la que el sistema ingresaría 800 millones, además de que se establezca un fondo de cotización voluntaria para tener acceso al seguro de paro. Insisten en que se les apliquen bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social como al resto de las empresas, así como que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada o a prolongar la actividad. En materia fiscal, proponen la creación de una Comisión Consultiva Fiscal para la eliminación del Impuesto de Sucesiones o nuevas rebajas del IRPF. En este sentido, Amor y Reyna aseguraron que las propuestas fiscales del PSOE «no nos beneficiarán», ya que la mejor opción para ellos es rebajar los tipos más bajos del IRPF. ABC
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