 Hacienda investigará las ventas de pisos para combatir el fraude en las escrituras
Hacienda ha declarado la guerra a uno de los principales fraudes en la compraventa de viviendas.
La Agencia Tributaria y las autonomías, conscientes del fuerte encarecimiento de los pisos en los últimos años, unirán sus fuerzas para investigar las ventas más recientes y acabar con el falseamiento de las escrituras con el fin de eludir impuestos.
Las fuertes subidas de los precios de la vivienda han abierto una importante vía de fraude fiscal. El encarecimiento de los inmuebles a ritmos históricos, que superan el 15% anual, ha llevado a los compradores a refugiarse en el engaño a Hacienda con el objetivo de intentar hacer, así, un poco más llevadero el precio de los inmuebles.
La Agencia Tributaria, junto con los equipos de inspección de las autonomías, han puesto este foco de fraude en su lista negra.
Hacienda ha detectado la aparición de una práctica generalizada consistente en escriturar el valor de los pisos por debajo del precio que efectivamente se ha pagado en la compraventa. Gracias a este engaño el comprador consigue esquivar dos de los principales tributos que soporta la vivienda: el IVA, en el caso de pisos nuevos, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales –tributo que sustituye al IVA en las ventas de segunda mano–. En los dos casos el tipo general a pagar se sitúa en el 7% y se calcula sobre el precio total del inmueble.
Fraude generalizado
La Inspección es consciente de que la tentación para que el vendedor se una a este fraude es grande: él también debe tributar al Fisco, en este caso, por las plusvalías generadas en la venta –la diferencia entre el precio de compra y de venta de la vivienda–, con lo que cuanto menor sea el precio oficial en el que se vende, menos impuesto por los beneficios obtenidos tendrá que abonar al Fisco.
En el caso de empresas, este gravamen llega hasta el 35% –por el IS–; para los particulares, asciende hasta el 45% –en el IRPF–.
La Agencia Tributaria ha recogido en su plan de inspección la decisión de atajar este foco de fraude. Para ello estrechará el cerco sobre las “transmisiones patrimoniales de inmuebles en los que pueda materializarse un incremento patrimonial”.
En este documento, que recoge las actuaciones prioritarias de persecución de las infracciones fiscales, Hacienda añade que pondrá especial atención a las ventas “en las que el tiempo transcurrido desde la anterior transmisión [es decir, desde la compra] no supere los diez años”.
La herramientas de la Inspección en esta investigación incluirán el rastreo de los pagos realizados por los compradores desde cuentas bancarias o a través de cheques o tarjetas de créditos, información que todas las entidades financieras tienen obligación de remitir al Banco de España y a la que pueden acceder los equipos de Hacienda.
El trabajo de campo corresponderá, en gran medida, a las administraciones autonómicas, que chequearán las diferencias sensibles entre los precios de venta declarados y los de mercado. La capacidad de filtrado de más de 2.050 datos por segundo, de la que disponen ya los equipos informáticos hará el resto, para seguir el rastro de los pagos en negro abonados en la venta de los pisos.
Fuentes autonómicas aseguran que los trabajos de investigación permitirán, además, combatir otro de los fraudes detectados: la venta de viviendas protegidas (VPO) con pagos en negro.
Estos pisos de carácter social sólo se pueden vender tras quince años y, además, a los precios fijados oficialmente. Las haciendas regionales no ocultan que estos precios se rebasan hasta alcanzar los de mercado por medio de pagos no declarados.
Expansión Directo
26-02-03
Trabajo endurece el acceso a la incapacidad temporal
La Seguridad Social ha decidido endurecer el acceso a la incapacidad temporal para luchar contra el fraude en esta prestación, cuyo gasto crece de forma imparable año a año.
Por esta razón, en adelante el trabajador que haya agotado el primer periodo de 18 meses de prestación para acogerse a una prórroga tendrá que demostrar que previamente ha cotizado seis meses a la Seguridad Social.
Con esta reforma, que está contenida en la futura ley de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social, como en tantas ocasiones, Trabajo contesta a la doctrina del Tribunal Supremo que interpreta que la ley permite al empleado acogerse a un nuevo periodo de incapacidad temporal, siempre que acredite 180 días de cotización dentro de los cinco años anteriores a la baja.
En la misma norma también, la Seguridad Social endurece las condiciones de los trabajadores autónomos para acceder a una pensión. Se trata de que la Administración no pagará ninguna pensión a quienes son responsables de su propia cotización a la Seguridad Social -es decir a los trabajadores por cuenta propia- si antes no han pagado sus deudas a la Seguridad Social.
Se entiende que los empleados de una empresa no son responsables de asegurar a la Administración que han cotizado al sistema de protección social.
Expansión Directo
26-02-03
La Administración no podrá exigir certificados que ya estén en su poder
A partir del lunes que viene, Hacienda y la Seguridad Social dejarán de emitir cinco millones de certificados al año, los mismos que los ciudadanos y las empresas deben aportar para realizar numerosos trámites administrativos. El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de hoy un real decreto que impedirá a los órganos de la Administración pedir cualquier documento que ya tengan en su poder y les obligará a solicitarlo por vía telemática a la autoridad que corresponda. A esos primeros cinco millones de certificados, que suponen el 80% del total, se sumará el año que viene un último millón.
Un total de 1.400.000 certificados anuales para ayudas de movilidad a estudiantes, 1.140.000 para adquisición de libros y material, 1.100.000 para la gestión de la prestación por desempleo, 697.000 para suscripción de seguros agrarios... Éstos son sólo algunos ejemplos de los cinco millones de certificados anuales que a partir del lunes dejarán de emitir Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social. Una medida que el Gobierno prevé aprobar hoy en el Consejo de Ministros y que liberará a millones de ciudadanos y empresas de la necesidad de hacer colas para solicitar los documentos necesarios para cualquier trámite administrativo.
El real decreto que aprobará el Gobierno afectará a cerca de 500 trámites administrativos, de los cuales 378 se refieren a la solicitud de ayudas y 121 a la de prestaciones sociales.
Entre las ayudas para las que no hará falta aportar certificados figuran, entre otras, los apoyos estructurales para el sector pesquero en facetas como la construcción y modernización de buques; el fomento de la acuicultura o los equipamientos pesqueros; las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas mineras; las ayudas a la cinematografía y las ayudas asistenciales a los emigrantes que retornan.
Además de la supresión de los documentos en papel, la norma que aprobará el Gobierno prevé a largo plazo la posibilidad de presentar solicitudes a la Administración todos los días del año las 24 horas del día y la aportación a cada ciudadano de una dirección de correo electrónico única en la que se efectuarán las notificaciones de la Administración del Estado y de sus organismos públicos.
Comunidades autónomas
Según el MAP, el Ejecutivo está trabajando también para extender la supresión de los documentos en papel a otros ámbitos, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en los que se requiere con frecuencia a los particulares y las empresas este tipo de documentación y que emiten alrededor de 1.500.000 certificados anuales.
El Ministerio de Administraciones Públicas considera la supresión del papeleo como uno de los objetivos prioritarios dentro de su política de simplificación administrativa y un requisito imprescindible para facilitar la actividad económica y potenciar la generación de empleo, pese a que no ha incluido información sobre el ahorro que supondrá la medida.
5Días
21-02-03
La presión fiscal sobre el trabajador español sube un 1,1% de 2000 a 2002
La presión fiscal que soportan los trabajadores españoles ha subido algo más de un punto entre 2000 y 2002, según un estudio de la OCDE que pone, sin embargo, de manifiesto que España es uno de los países desarrollados donde esta imposición es más baja.
Según el informe, el aumento se ha debido fundamentalmente al incremento de la renta de los trabajadores así como al aumento del empleo y, en todo caso se sitúa en el 19%, cifra inferior al 20%, registrado en 1998, antes de la entrada en vigor la reforma del IRPF.
El informe tiene en cuenta los pagos por IRPF, así como las cotizaciones a la Seguridad Social.
ABC
21-02-03
Cambios en el orden del día de la junta
La posible repercusión práctica de la reforma de la auditoría derivada de la Ley Financiera podría tener su traducción en el orden del día de las juntas generales de accionistas.
Por una parte, cualquier cambio de auditor deberá ser aprobado en la próxima junta general. El sector ve posible que se produzcan movimientos entre los clientes.
Esto podría deberse a la necesidad de que las firmas de auditoría tengan que desprenderse de algunos contratos para ajustarse a las nuevas incompatibilidades impuestas por la Ley Financiera.
La reforma ha elevado las limitaciones en relación con la prestación de servicios de consultoría de tecnologías de la información, de recursos humanos y de asesoramiento en materia de auditoría interna.
Además, las firmas no podrán tener una “excesiva dependencia” en un mismo cliente. No obstante, el desarrollo reglamentario de la ley deberá determinar muchos de los detalles del nuevo régimen de independencia e incompatibilidades.
Negociaciones
Asimismo, si las auditoras deciden negociar los honorarios con sus clientes, los comités de auditoría de las compañías cotizadas –dependiente del consejo de administración– deberán dar el visto bueno a cualquier decisión sobre este punto, al igual que sobre los cambios de auditor.
Por último, las sociedades cotizadas deberán aprobar en la junta general el cambio estatutario que suponga la adaptación de sus comités de auditoría a las exigencias de la Ley Financiera.
Expansión Directo
20-02-03
El Gobierno extenderá las sanciones fiscales a directivos y grandes socios de las empresas
Hacienda quiere cerrar cualquier escapatoria al fraude fiscal. La nueva Ley General Tributaria permitirá a los inspectores extender las sanciones a cualquier directivo de la compañía y actuar incluso contra socios de la empresa, cuando sean los auténticos artífices de la infracción. El Gobierno aprovechará la reforma para estrechar el cerco al fraude en la construcción.
Expansión Directo
14-02-03
Bruselas expedienta a España por discriminación fiscal a los fondos de pensiones extranjeros
La Comisión Europea decidirá hoy abrir un procedimiento contra España, junto a Francia, Portugal, Bélgica, Italia y Dinamarca, por discriminación fiscal de los fondos de pensiones suscritos en otros países de la UE.
Expansión Directo
05-02-03
Hacienda congela los módulos a autónomos y pequeños empresarios durante este año.
También establecerá ayudas fiscales aplicables al Régimen Especial Simplificado del IVA.
Hacienda congelará este año los módulos a los autónomos y pequeños empresarios acogidos al Régimen de Estimación Objetiva del IRPF, según la Orden Ministerial que se publicará próximamente. Esta también establecerá ayudas fiscales aplicables al Régimen Especial Simplificado del IVA, según dijeron ayer fuentes de Hacienda.
El borrador que remitió ayer Hacienda mantiene las mismas cuantías monetarias de los módulos que se aplicaron en el 2002, lo que, en la práctica, significa una reducción de impuestos para los trabajadores autónomos y pequeños empresarios, que se suma a la rebaja general del IRPF.
En esta Orden también se aprueban los beneficios fiscales aplicables durante el presente ejercicio por las actividades económicas afectadas directa o indirectamente por el accidente del buque "Prestige".
En este sentido, las actividades desarrolladas en los ámbitos territoriales determinados por el Gobierno que hayan resultado directa o indirectamente afectadas por las medidas de prohibición de la pesca y marisqueo adoptadas por las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco podrán ver reducidos los signos, índices o módulos.
Las actividades desarrolladas fuera de esos ámbitos, además, podrán solicitar la reducción de los citados signos, índices o módulos a la Agencia Tributaria. La Orden reducirá determinados signos, índices o módulos aplicables a las actividades de transporte, agrícolas y ganaderas para paliar el efecto producido por el precio del gasóleo en dichas actividades económicas.
Para el 2002, se fijan los módulos definitivos para el transporte en el IRPF, que son los inicialmente previstos en la Orden de 28 de noviembre del 2001, para la realización de los pagos fraccionados. En el IVA, se reducirán las cuotas mínimas aplicables por tales actividades en el régimen simplificado.
En el IRPF, el borrador prevé una reducción del rendimiento neto del 35% de la factura del gasóleo y, en el IVA, una disminución del porcentaje para determinar las cuotas trimestrales para determinadas actividades agrarias.
En lo que se refiere a las actividades de transporte, se aprueban los módulos del IRPF para realizar los pagos fraccionados, que coinciden con los definitivos para el 2002 y, en el IVA, se reducen los porcentajes aplicables en el régimen simplificado para el cálculo de las cuotas trimestrales.
La Orden que prepara Hacienda adapta a la nueva normativa legal la definición del ámbito de aplicación del régimien de estimación objetiva del IRPF y del régimen especial simplificado de IVA.
En este sentido, se establecen 450.000 euros anuales como límite del volumen de ingresos del conjunto de todas las actividades, 300.000 euros anuales como tope de ingresos para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y también 300.000 euros al año como límite del volumen de compras en bienes y servicios del conjunto de todas las actividades.
Estrella Digital
31/01/03
Ciertos avisos de notificaciones de Hacienda al contribuyente podrían difundirse por Internet como vía adicional para garantizar que el afectado resulte informado
Ciertos avisos de notificaciones de Hacienda al contribuyente podrían difundirse por Internet como vía adicional para garantizar que el afectado resulte informado, tal como plantea la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la reforma de la Ley General Tributaria, en su documento de propuestas.
Esta vía serviría para complementar otros sistemas de notificación de Hacienda a los contribuyentes, tales como el referido a la publicación del aviso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o la exposición del mismo en las oficinas de la Administración Tributaria, se añade en el documento.
La Comisión de Expertos propone además que la publicación de esos avisos en el BOE se realice únicamente ciertos días, exactamente el 5 y el 20 de cada mes, o el día inmediato hábil posterior, de manera que los destinatarios de las notificaciones tengan conocimiento de su publicación en los boletines.
Asimismo este grupo de expertos se refiere en materia de avisos a la sustitución de "la notificación edictal" -con la publicación del hecho en cuestión- por "la notificación por comparecencia", de modo que se salvaguarde el derecho a la intimidad de los obligados.
Como explica esta Comisión de Expertos, "el objeto de la publicación no es el propio acto administrativo, sino simplemente, un anuncio donde se hace constar la existencia de una notificación pendiente de practicar por motivos no imputables a la Administración".
Respecto con "la notificación por comparecencia", se precisa en el informe, que ésta sólo sería posible, en primer lugar, cuando la notificación personal se hubiera intentado dos veces en el domicilio del interesado, y no en otro lugar; y a continuación y como excepción, se añade que sólo se necesitará un intento fallido de localización cuando el destinatario resultara desconocido.
En tercer lugar del proceso, se pasaría, como ya se ha mencionado, a la publicación del aviso en el BOE, o en las oficinas de la Administración Tributaria o a la difusión del mismo por Internet.
La Comisión de Expertos propone además en su informe que se amplíe el plazo legal para que se produzca la comparecencia del contribuyente afectado por una notificación, desde los diez días actuales hasta los quince días.
Gaceta Fiscal
27-01-03
La Ley Tributaria fijará en 3.000 euros el límite para las infracciones leves
Una comisión de expertos entregó ayer al secretario de Estado de Hacienda sus conclusiones sobre la reforma de la nueva Ley General Tributaria
Reforzar las garantías y seguridad jurídica de los contribuyente, modernizar los procedimientos tributarios, mejorar la lucha contra el fraude y disminuir los litigios son los principales objetivos de la nueva Ley General Tributaria que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas.
Una comisión de expertos formada por catedráticos, profesores universitarios y funcionarios de Hacienda, presidida por el profesor y catedrático José J. Ferreiro, presentó ayer al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, un informe sobre el borrador de anteproyecto de la Ley General Tributaria, elaborado por el Ministerio, y sobre el que se basará la redacción definitiva de la norma que el Departamento de Cristóbal Montoro llevará al Consejo de Ministros.
Una de las principales novedades que incluirá la norma se refiere, como avanzó ABC, a la nueva definición de las infracciones y a las sanciones que llevan aparejadas.
De este modo, frente a la definición actual de infracciones simples y graves, en función de si había falta o no de ingreso, la nueva norma distinguirá entre infracciones leves, graves y muy graves, y la distinción se realizará dependiendo si hay o no ocultación.
En general, se entenderá que hay una sanción leve cuando no hay ocultación, o si la cuantía no ingresada sea igual o inferior a 3.000 euros. Si hay ocultación pero no se usan medios fraudulentos la infracción será grave y si se usan, muy grave. Las sanciones aparejadas serán del 50% para las leves, entre el 50% y el 100% para las graves, y del 100% al 150% para las muy graves.
Se prevén, además, algunas reducciones: el 50% si se trata de un nuevo tipo de actas en las que contribuyente y Administración se ponen de acuerdo en la interpretación de la norma, o del 30% si son actas de conformidad. A las cantidades resultantes de esta reducción se podrá aplicar otra del 20% por pronto pago.
ABC
24-01-03
Se introduce una «cláusula antiabuso» para regular el fraude de ley
El anteproyecto de Ley General Tributaria aborda el fraude de ley a través de la introducción de una «cláusula antiabuso» que obligará a aquellos contribuyentes que utilizan actos o negocios inusuales no con fines económicos sino con el mero objeto de ahorrar impuestos. En estos casos los contribuyentes tendrán que pagar lo que no ingresaron previamente o restituir las devoluciones indebidamente obtenidas, con sus correspondientes intereses de demora, pero sin sanción.
Otra novedad importante es que a partir de la entrada en vigor de la norma todas las consultas a la Administración Tributaria serán vinculantes no sólo para quien haya hecho la consulta sino también para el resto de contribuyentes en casos similares.
Asimismo, se crearán órganos unipersonales en los Tribunales Económicos que resolverán en un plazo máximo de seis meses conflictos de poca cuantía.
ABC
24-01-03
Las auditoras afrontan un año de cambios
El ejercicio 2003 se presenta repleto de novedades para las auditoras. Las firmas pagarán por primera vez una tasa por cada informe emitido, estarán sometidas a unos controles más estrictos y deberán ser más transparentes en los honorarios cobrados a sus clientes.
La reforma de la Ley de Auditoría, que entró en vigor a finales del pasado noviembre, determina el marco de actuación de lo que el propio sector se atreve a denominar como “un ejercicio de revoluciones”, que “determinará la capacidad de adaptación al entorno cambiante que se ha derivado de la Ley Financiera”, como señalan fuentes de las auditoras.
¿Qué ocurrirá en el ejercicio 2003? El desarrollo reglamentario de la ley será crucial para calibrar el impacto real de muchos aspectos de la reforma. Éstos son los principales cambios que, para los profesionales consultados, perfilan el panorama del negocio auditor este año.
Separación de servicios. Las auditoras preveían hace exactamente un año un crecimiento en torno a un 10%, algo que fuentes sectoriales dudan que se haya cumplido en 2002.
Sobre todo teniendo en cuenta que hace doce meses el enfoque era obtener el crecimiento de los servicios de consultoría y asesoría, para profundizar en la tendencia de reducir el peso del negocio tradicional de auditoría.
Sin embargo, la reforma limita la prestación a los clientes de auditoría de otros servicios, para garantizar la independencia de las firmas. Esto ha provocado la revisión de algunos contratos para evitar servicios incompatibles y, en algunos casos, ha supuesto la separación jurídica del negocio consultor incluso en firmas medianas y pequeñas.
Informes con tasa. Las auditoras deberán pagar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) una tasa de 80 euros por cada informe emitido y de 160 euros si los honorarios superan los 30.000 euros. Su objetivo es financiar el control de calidad del ICAC.
La tasa se devengará trimestralmente y, según las previsiones del ICAC, el primer pago se realizará el próximo 31 de marzo.
Aunque la tasa no es elevada, las firmas ya han advertido de la fuerte carga que supondrá para sus cuentas. Por ejemplo, una gran auditora que realice entre 3.000 y 4.000 informes al año, tendrá un coste por tasas de entre 360.000 y 480.000 euros. Una firma mediana que emita 800 informes al año soportará una carga de 96.000 euros, y una que realiza 100, tendrá un impacto de 12.000 euros.
Seguros al alza. La crisis de confianza derivada de los escándalos empresariales y la potencial litigiosidad han llevado a las aseguradoras a elevar los seguros que los auditores deben suscribir para ejercer. La subida de las pólizas se situó en el ejercicio 2002 entre un 10% y un 20%, aunque en algunos casos, llegó al 40%. El sector no descarta subidas adicionales como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionador introducido en la Ley Financiera, que impone multas de hasta el 20% de la facturación anual de la auditora.
Impacto sobre los precios. La separación de servicios, la repercusión de la tasa y el encarecimiento de los seguros pueden tener como consecuencia una subida de los precios de la auditoría en España, donde por otro lado, existen las tarifas más bajas de la Unión Europea: 52,63 euros por hora.
Las firmas han anunciado la necesidad de repercutir las diferentes presiones derivadas de la reforma legal sobre sus tarifas, con un incremento en torno al 10%.
Un nuevo control de calidad.
El ICAC ha asumido las competencias en materia de control, que las corporaciones podrán ejercer únicamente de forma complementaria. Durante los próximos meses, el organismo reforzará su equipo de revisores, con un total de treinta profesionales –la mitad de ellos serán del sector privado y el resto, funcionarios–.
El objetivo es revisar, al menos, una vez cada seis años, a los auditores de empresas cotizadas; y cada diez años, al resto. Las propias firmas deberán impulsar sus sistemas de control interno de la calidad de sus trabajos para asegurar la confianza en sus informes.
Honorarios transparentes. Los auditores deberán comunicar anualmente al ICAC los honorarios cobrados de forma separada por cada cliente.
El organismo regulador pretende obtener así una nueva vía de control sobre los trabajos de los auditores.
Además, las compañías cotizadas deberán publicar en sus memorias el desglose de los honorarios pagados a los auditores por la revisión de sus cuentas y por otros servicios, una información que será cada vez más relevante para los accionistas.
Una nueva relación con el cliente. El impulso al gobierno corporativo también se está reflejando en la relación de las empresas con sus auditores.
La obligación de que las cotizadas tengan una comisión de auditoría elevará los controles de las compañías sobre la contratación del auditor.
Además, la Comisión Aldama ha propuesto que se las empresas “especifiquen los sistemas de control de los contratos ajenos a la propia auditoría de cuentas que realicen estas empresas”, que deberán aprobarse por la comisión de auditoría y reflejarse en la memoria anual.
Algunos clientes –como Santander– han decidido, además, separar los contratos de auditoría y consultoría en diferentes firmas.
Más formación. El reciclaje periódico será obligatorio para todos los auditores.
Las corporaciones organizarán sistemas para garantizar la formación continuada. Si los auditores no se someten a ella, serán sancionados.
Para los aspirantes a auditor, el acceso a la profesión se endurecerá y es posible que hasta 2004, no haya convocatoria del que será el primer examen único –en sustitución de los tres organizados por las corporaciones–.
Expansión
23-01-03
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