 Los autónomos podrán deducirse el pago de seguros médicos
Los trabajadores autónomos podrán deducirse los gastos en seguros médicos a partir del próximo año.
Una enmienda del PP a la reforma del Impuesto sobre la Renta permitirá que los autónomos acogidos al régimen fiscal de estimación directa -es decir, fuera de módulos- puedan deducirse las primas pagadas en concepto de seguros de enfermedad hasta un máximo de 500 euros anuales. Esta cantidad, además, se multiplicará por el número de personas que integran la unidad familiar del autónomo.
El dictamen de la Comisión que ha debatido la reforma del IRPF ha incorporado además otras sesenta enmiendas, en su mayoría presentadas por el PP y CiU, para mejorar especialmente la tributación de las familias y pequeñas empresas. Así el texto del nuevo IRPF aumentará desde los 4.800 euros actuales hasta cerca de 6.000 euros, la bonificación que recibirán las empresas que contratan a minusválidos.
Pensiones y guarderías. También quedan exentas de tributar las pensiones de orfandad y se extienden las bonificaciones por hijos menores de tres años a los casos de adopción, de modo que se apliquen desde la resolución judicial o administrativa de adopción y durante los dos años siguientes, con independencia de la edad del menor..
Entre las enmiendas destaca igualmente la exención en el pago de la IRPF para los trabajadores que reciban prestaciones para llevar a sus hijos a guarderías, con lo que el Gobierno quiere reforzar el apoyo a las madres trabajadoras.
Hacienda crea una tasa que gravará al sector alimentario
El objetivo del Gobierno es financiar parte de las actividades de la recién creada Agencia de Seguridad Alimentaria
El Gobierno creará una nueva tasa que gravará al sector de la industria agroalimentaria para financiar la recién creada Agencia Española de Seguridad Alimentaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003.
Esta tasa, que oscilará entre 120 y 2.325 euros, se aplicará sobre los análisis y las tramitaciones de las autorizaciones de inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos de preparados alimenticios para regímenes especiales o dietéticos, aguas minerales o de manantial, actividades que corren a cargo de este organismo.
La reforma del irpf y el establecimiento de un "techo de gasto" para el estado son las principales novedades en los presupuestos generales del estado para el 2003
La reforma del IRPF, que supondrá un ahorro para los contribuyentes de 3.000 millones de euros, y el establecimiento de un "techo de gasto" para el Estado, fijado en 114.518 millones de euros, son las dos principales novedades que incluyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2003.
Estos son los primeros presupuestos elaborados bajo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita el gasto que el Estado puede efectuar a lo largo de un ejercicio -en el 2003 será el 6,2 por ciento superior al del 2002- y obliga a las Administraciones Públicas a mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos.
Los presupuestos recogen una rebaja del IRPF de 3.000 millones de euros de la que se beneficiarán diecisiete millones de ciudadanos, para los que la reducción media del impuesto se calcula en el 11,1 por ciento.
En el caso de las rentas más bajas -hasta 12.020 euros anuales-, percibidas por el 55,60 por ciento de los contribuyentes, la reducción media de la cuota líquida será del 38,14 por ciento.
Para el 18,52 por ciento de los contribuyentes, los que perciben entre 12.020 y 18.030 euros anuales, la rebaja será del 18,41 por ciento; para el 17,16 por ciento con rentas de entre 18.030 y 30.050 euros anuales, del 10,51 por ciento, y para el 8,72 por ciento restante, con rentas superiores a 30.050 euros al año, la rebaja será del 6,39 por ciento.
Además, la Ley de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, conocida como Ley de acompañamiento -que se aprobará en breve-, introduce novedades como la congelación de los Impuestos Especiales (los que gravan la gasolina, el alcohol y el tabaco), y la rebaja del Impuesto sobre los hidrocarburos para los gases licuados de uso general y el queroseno de calefacción.
También reduce del dieciséis al siete por ciento el IVA para productos de higiene femenina como compresas y tampones y establece nuevas bonificaciones fiscales para los residentes en Ceuta y Melilla.
Así, para los residentes de estas dos ciudades autónomas, se incrementa la bonificación en el Impuesto sobre el Patrimonio del 50 al 75 por ciento; y hasta el cincuenta por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La ley de acompañamiento incluye, asimismo, la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos para los biocarburantes y baja el tipo de la tasa por autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Por el contrario, establece nuevas tasas en el ámbito del control sanitario y alimentario y para titulaciones específicas, como la del gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas, entre otras, y cuya recaudación total aportará cerca de 2,5 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
La ley de acompañamiento prevé que el Gobierno no autorice, durante el 2003, nuevos contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio y amplía el ámbito temporal de aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo hasta el 31 de diciembre de 2003.
El texto eleva la edad de 23 a 24 años para la percepción de la pensión extraordinaria de orfandad, en los supuestos de orfandad absoluta, en el régimen de clases pasivas.
Además, crea el Cuerpo Superior de Gestión Catastral y se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Comunitaria para proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales y habilita al Gobierno para revisar las indemnizaciones por residencia de funcionarios en servicio activo destinados en Ceuta y Melilla.
El irpf incluye más ventajas por el alquiler de viviendas
El Grupo Parlamentario Popular también ha incluido entre las enmiendas a la reforma del IRPF una propuesta de la patronal nacional de promotores y constructores, APCE, con el objetivo de aumentar las deducciones para el arrendador de vivienda.
La nueva declaración de la renta recupera las reducciones en la base imponible por gastos de portería, conservación y mantenimiento de inmuebles, y finalmente no incorpora los gastos derivados del pago de intereses hipotecarios. Estos seguirán formando parte de la deducción general del 10%, que ahora se aplicará sobre los rendimientos brutos y no sobre los netos, con lo que aumenta sensiblemente el ahorro para los arrendadores de vivienda.
Según los promotores, esta iniciativa va dirigida a aquellos propietarios de viviendas en alquiler con rentas bajas que tienen que llevar a cabo una importante reforma en el edificio y no gozan de ningún tipo de incentivos. Sin embargo, los responsables de Hacienda utilizan estas mejoras para conseguir aflorar los ingresos del mercado de alquiler que no son declarados. Se trata de una medida que forma parte de la estrategia global de lucha contra el fraude fiscal.
Ahorro-vivienda
Los empresarios también habían solicitado la inclusión de una enmienda destinada a mejorar el acceso a la vivienda en propiedad. En concreto, proponen que no se considere como transmisión lucrativa a efectos fiscales las aportaciones "entre ascendientes y descendientes por las cantidades depositadas por los primeros en las cuentas de ahorro vivienda", de tal manera que se favorezca el acceso a una vivienda a la población más joven y con menores recursos económicos.
Según el Grupo Popular y el Ministerio de Hacienda, esta medida sigue en estudio.
La ce propone la supresión gradual del impuesto sobre matriculación y que la cuantía del impuesto sobre circulación se ligue a las emisiones de CO2
La Comisión Europea ha presentado un informe en el que propone la supresión gradual del Impuesto sobre articulación de los vehículos de particulares y que la cuantía del Impuesto sobre Circulación se ligue a las emisiones de CO2.
El informe, que servirá para lanzar un debate en el seno de la Unión Europea (UE), persigue suprimir los obstáculos fiscales a la libre circulación de vehículos en el interior del mercado común y las distorsiones que provoca, indicaron fuentes comunitarias.
El Impuesto sobre Matriculación es "indudablemente un obstáculo en el seno del mercado interior", por lo que Bruselas recomienda que su precio se reduzca progresivamente y que sea suprimido en un periodo de cinco a diez años.
La propuesta de la Comisión no modificaría el nivel de impuestos, sino que las tasas que se paguen estén ligadas al uso del coche en lugar de a su compra, agregaron.
Además, examinó los medios de reestructurar los actuales regímenes de impuestos de vehículos para dar mayor importancia a los objetivos medioambientales, de acuerdo con la política comunitaria y el protocolo de Kioto para la reducción de gases con efecto invernadero.
En este sentido, sugiere que el impuesto de matriculación -durante el tiempo que aún exista- y el de circulación sean calculados, total o parcialmente, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 del coche.
El Ejecutivo comunitario recomienda además lograr "un cierto grado" de aproximación de los impuestos anuales de circulación entre países para evitar la fragmentación del mercado automovilístico.
El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, destacó su determinación de "tratar el problema de los obstáculos fiscales a los que se enfrentan los ciudadanos y los constructores de automóviles en el mercado interior, debido a la existencia de quince regímenes diferentes de impuestos".
Los ciudadanos deben "con demasiada frecuencia desembolsar sumas desorbitadas por transferir un coche de un Estado miembro a otro. Debemos lograr que los impuestos que gravan los automóviles se centren en la realización de los objetivos medioambientales de la Comunidad", según un comunicado.
Los impuestos establecidos en cada país para los coches de particulares son muy diversos, tanto en su estructura como en su cuantía.
Diez países comunitarios cobran Impuesto sobre Matriculación de los vehículos, que, según datos de 1999, oscilaba entre los 267 euros de Italia y los 659 de Dinamarca.
Los países que no cobran el Impuesto sobre Matriculación, o en los que su cuantía es muy baja, tiene niveles más elevados de impuestos sobre los carburantes. Además todos los países, a excepción de Francia, perciben un Impuesto anual sobre Circulación a nivel nacional, recordó el Ejecutivo comunitario en su nota.
Bruselas recomendó al Consejo de Ministros que apruebe los principios generales de su informe e invitó a los Estados miembros a que lo tomen en cuenta en la revisión de sus régimen nacional de impuestos sobre vehículos.
Después de que se realicen consultas con los países miembros, el Parlamento Europeo y otras parte interesadas, la Comisión Europea podría presentar una propuesta de legislación comunitaria inspirada en estos principios.
Las empresas tendrán que valorar a precio real su activo financiero. L os expertos presentan 105 medidas para mejorar la contabilidad.
En apenas dos años, las empresas españolas se enfrentan a un cambio radical en su contabilidad. Las nuevas normas europeas exigirán, entre otras medidas, que los grupos de sociedades reflejen en su balance el valor de sus instrumentos financieros a precio de mercado, y no a coste histórico. También deberán incluir información sobre operaciones con socios o administradores en condiciones ventajosas y sobre hechos relevantes que puedan influir en el desarrollo futuro del negocio.
Estas reformas se tendrán que aplicar en las cuentas de 2005 con carácter obligatorio para los grupos de empresas que cotizan en Bolsa, aunque se pueden extender a los que no cotizan y a empresas individuales. Ésta es la propuesta que plantea la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Economía, que ayer presentó un voluminoso libro blanco con 105 medidas.
Los objetivos son dar una imagen más real de las empresas, hacerla comparable con la del resto de Europa y aumentar la transparencia. Aunque la nueva contabilidad europea ya estaba en marcha antes de los recientes escándalos financieros (Enron, Xerox, WorldCom o Vivendi), la crisis de confianza entre los inversores la ha hecho más necesaria.
Las nuevas normas sólo serán obligatorias en el ámbito europeo, porque Estados Unidos va por delante y por libre. Pero, según los expertos consultados, un caso como el de Telefónica -presentó pérdidas de 7.182 millones en 2001 a las autoridades bursátiles de EE UU frente a unos beneficios de 2.107 millones en España- no se daría con las nuevas normas europeas.
La comisión de expertos, dirigida por el catedrático José Antonio Gonzalo, propone que las empresas adopten el criterio de 'valor razonable' en la contabilidad de sus instrumentos financieros (cartera de negociación, cartera disponible para la venta e instrumentos derivados fundamentalmente). En la actualidad, el criterio es el valor histórico y ahora se sugiere que sea el valor de mercado. El cambio afectaría sobre todo a las cuentas de resultados de los grandes bancos.
Otra propuesta consiste en proporcionar información sobre las denominadas 'operaciones vinculadas'. Se trata de las realizadas por la empresa con sus socios o administradores en condiciones de privilegio. Por ejemplo, la venta de un edificio o la compra de determinado material por debajo del precio de mercado. Otra información relevante a incluir es la que pudiera afectar a la marcha del negocio. Por ejemplo, las licencias de UMTS para las telefónicas o la pérdida de un cliente importante.
Fraudes públicos
En la comisión de expertos han participado representantes del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de organismos ministeriales, la CEOE, Cámaras de Comercio y auditores. Todos han acordado que exista un único organismo regulador de las normas contables, pese a las reticencias del Banco de España. Estaría adscrito al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y tendría participación pública y privada, al 50%.
La competencia de supervisión se mantendría para la CNMV, el Banco de España y la dirección general de Seguros, como en la actualidad. El cambio que se propone es que la CNMV no sólo pueda sancionar los fraudes contables, sino que, además, los haga públicos en el caso de las empresas cotizadas. La CNMV española se situaría así al nivel de la SEC estadounidense.
Economía debe trasladar las directivas europeas y aprobar las normas españolas para las empresas que son de su competencia (las individuales y las no cotizadas) antes de 2004.
Los expertos apoyan que los directivos hagan público el sueldo que cobran
Después de una década de estudio, el Código de Sociedades Mercantiles se ha visto impulsado por los últimos escándalos financieros y la convicción de que es necesario dotar de más transparencia a las empresas, en especial a las sociedades cotizadas. La divulgación del sueldo de los directivos es una de las medidas que contempla el futuro código, que consta de 700 artículos. Una disposición que han acogido con agrado los expertos en derecho mercantil, que opinan que será un elemento de confianza para los inversores y permitirá valorar con más rigor a los gestores.
La cuantía salarial que percibe un gestor refleja su grado de responsabilidad, de modo que el hecho de que se conozca públicamente supone un gran aumento de la transparencia'. Son las reflexiones de Fernando Sánchez Calero, uno de los juristas de la Comisión de Codificación -organismo dependiente del Ministerio de Justicia- que se han encargado de redactar el futuro Código de Sociedades Mercantiles.
Otros mercantilistas coinciden con su opinión. Es el caso de Raimundo Segura, socio de Cuatrecasas, quien asegura que el futuro código recogerá muchas de las ideas que ya avanzaba el Código Olivencia. 'Pero en algunos casos no es útil apelar a la ética de los empresarios y es mejor elevarlo a rango de ley', explica. El socio de Cuatrecasas considera que 'es positivo que se conozcan las retribuciones de los administradores de las empresas'.
Segura recuerda que la actual Ley de Sociedades Anónimas ya incluye la obligatoriedad de dar a conocer las retribuciones de los administradores. Sin embargo, las empresas que ofrecen esta información la dan de manera global, por lo que no es posible conocer a qué directivo corresponde ni en función de qué percibe la retribución.
Los contratos de obra no se pueden vincular a la permanencia de superiores
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera fraudulento un contrato de obra y servicio si se condiciona su vigencia a la permanencia en el cargo de un superior.
En este caso concreto, el tribunal analiza la relación laboral de la secretaria del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales. El contrato laboral vinculaba la permanencia en este puesto con la continuidad de una persona determinada en el puesto de portavoz.
El partido socialista comunicó el fin del contrato cuando el portavoz del grupo cesó en su cargo, según la cláusula que afirmaba que “el presente contrato tendrá vigencia hasta la finalización de la gestión de la Portavocía de Don Luis Martínez Noval”. La sentencia declara “la ilegalidad de las cláusulas contractuales en la que se pacta la facultad de desistimiento o una condición resolutoria por cese del titular del órgano directivo a cuyo servicio se había destinado al trabajador”.
El tribunal considera que no se puede utilizar el contrato de obra o servicio determinado para la realización de funciones permanentes de la empresa en tanto ocupe su puesto el titular de un cargo determinado”. Además, la sentencia recuerda que no se puede configurar “libremente contratos laborales según su libre voluntad y la margen de los tipos legalmente establecidos” y declara el despido improcedente.
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